Sus palabras destilaban odio. Primero, contra Juan Carlos Clemente, el ex detenido –luego asimilado a la Policía– que con la entrega de documentación inédita hasta ahora provocó un vuelco formidable en el juicio que se realiza en Tucumán por crímenes cometidos en la Jefatura de Policía durante la Operación Independencia y la dictadura militar. Después, contra los militares. El resentimiento pudo más que la estrategia procesal y los responsabilizó por todo lo ocurrido: “Esos coroneles y tenientes que no aparecen”. Los llamó “cabrones” y apuntó contra dos de ellos: el entonces teniente primero Arturo Félix González Naya, de quien dijo que fue “el único responsable de lo que se hizo en la Jefatura” y el capitán Mario D’Ursi, ambos supervisores militares designados por el Comando de la Quinta Brigada de Infantería en el Departamento de Inteligencia (D-2) de la policía tucumana.
Roberto Heriberto Albornoz (a) El Tuerto , fue una pieza fundamental en la represión de los militantes populares tucumanos desde comienzos de la década del ’70 y hasta el final de la dictadura. Feroz e implacable contra estudiantes y trabajadores que protagonizaron luchas memorables en la primera mitad de esa década, fue puesto en disponibilidad por el gobierno democrático en 1973.
Pero a comienzos de 1974 fue reintegrado a la policía y siguiendo instrucciones de Luciano Benjamín Menéndez, entonces comandante de la Quinta Brigada, formó un grupo ilegal y clandestino junto a los militares del Destacamento 142 de Inteligencia. Sembraron muerte y terror en el campo y las ciudades y sobre la base de su estructura, una vez lanzada la Operación Independencia, organizaron el Servicio de Información Confidencial, con campo de concentración propio en el ala sur del edificio de la Jefatura de Policía.
Albornoz, en su declaración, despegó de sus críticas a Bussi y Menéndez, de quienes dijo que “son comandantes que se hacen cargo y asumen su responsabilidad, no como los otros (militares) que huyen despavoridos”. Se ensañó particularmente con González Naya, a quien responsabilizó por los secuestros, interrogatorios y crímenes cometidos. De él dijo que, contrariamente a lo que se informó –que está muerto– “deambula por las calles de Buenos Aires” y que “habría que encontrarlo y traerlo”.
Según Albornoz, González Naya “elegía el personal que iba a acompañarlo para salir” (a secuestrar) y también que “participaba en las reuniones de la Comunidad Informativa”. Y en cuanto al funcionamiento del centro clandestino de detención de la Jefatura, señaló que “es cierto que se llevaban personas, algunas quedaban registradas y otras no”. Finalmente, dijo que en ese lugar nunca se mató, que a los secuestrados se los trasladaba a otro lugar en distintos vehículos, a algunos en automotores “operativos” y a otros en “camiones militares”.
Al ser interrogado por su propio abogado defensor sobre el destino de esos viajes a la muerte, Albornoz estimó que los llevaban al campo de concentración que funcionaba en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. En medio de sus críticas a Clemente, El Tuerto confirmó que en el ex ingenio Nueva Baviera, donde funcionó el Comando Táctico de la Operación Independencia una vez desactivada la sede de Famaillá, después de marzo de 1976, “había un centro de detención”.
Hasta ahora nunca una voz oficial había admitido la existencia de la Comunidad Informativa. Albornoz lo hizo y aunque no dio precisiones sobre su funcionamiento ni sus integrantes, sus palabras prueban lo que siempre se denunció: que allí se decidía la vida y la muerte de los ciudadanos. Según él, las reuniones “eran presididas por Cattáneo y el jefe de policía o el subjefe y participaban supervisores y jefes de otras fuerzas, de la Policía Federal, la Gendarmería y muchos jefes de destacamento”.
Allí “se analizaba (la situación de los prisioneros) y aconsejaban, evidentemente se decidía la disposición final”. Según Albornoz, a esa Comunidad iba la información que suministraban los supervisores militares (en el caso de la Jefatura, González Naya y D’Ursi) y después de ser estudiada allí, “volvían a manos del supervisor para ser ejecutadas las decisiones”. Cuando su abogado Avila Gallo le preguntó “y dónde ejecutaban” (los asesinatos), El Tuerto dijo: “No me consta. Pero por intuición, se resolvía de prepo, al estilo de los militares. Acá hay una orden, se cumple. La gente se trasladaba, puedo pecar, pero por intuición, presumo que podrían ser llevados a un lugar como Arsenales”.
La Comunidad de Servicios de Inteligencia, como era su verdadero nombre, funcionaba en la sede del Comando de la Quinta Brigada de Infantería. Presidía sus reuniones el coronel Alberto Cattáneo en su calidad de segundo de Bussi, pero quienes manejaban toda la información y aconsejaban las decisiones eran los oficiales del Destacamento 142 de Inteligencia, el verdadero motor de la represión ilegal. El jefe del 142 en el período más duro de la represión fue el coronel Eugenio González Breard, un egresado y profesor de la Escuela de las Américas de los Estados Unidos, autor de un libro póstumo titulado La guerrilla en Tucumán, una historia no contada , obra prologada con elogios por Rosendo Fraga.
La Comunidad estaba integrada por los titulares de todos los servicios de inteligencia destacados en Tucumán, tanto de las tres Fuerzas Armadas como de las Policías Federal y Provincial, la Gendarmería y la Side. La Comunidad realizaba dos tipos de reuniones. Una para decidir a quiénes secuestrar y otra para adoptar decisiones sobre la suerte final de los que ya estaban prisioneros en los campos de concentración.
A las reuniones para elegir los blancos a ser secuestrados asistían también, además de los hombres de Inteligencia, empresarios, sacerdotes, periodistas y alcahuetes de distinta laya que señalaban a sus comprovincianos que consideraban “subversivos”. De inmediato las distintas patotas que se movían en la provincia, entre ellas la de la Jefatura, encabezada por González Naya y Albornoz, salían a la búsqueda de las víctimas.
La otra reunión de la Comunidad era para resolver el destino final de los que ya estaban en cautiverio. En esa reunión jugaban un rol central los supervisores que actuaban en los campos de concentración, quienes iban con las declaraciones arrancadas en las mesas de tortura y evaluaban si esos prisioneros debían continuar secuestrados, ser liberados o asesinados. A esto último se denominaba DF (disposición final).
LOS "INTERROGADORES DE PRISIONEROS"
La capucha fue el emblema de la Operación Independencia y su continuidad durante la dictadura militar. Con Acdel Vilas primero y con Antonio Bussi después, los militares desarrollaron la tarea represiva en forma nocturna, ilegal y clandestina. Mientras los militares ocuparon la provincia con fuerzas de tareas, destacamentos y retenes, otro ejército actuó en la oscuridad. En la primera etapa, dos fuerzas de tareas, una en San Miguel de Tucumán y otra en Concepción, dedicaron sus esfuerzos, según palabras del propio Vilas, “a la caza del subversivo urbano”. Una vez capturadas las personas y tras su paso por algún chupadero donde los secuestradores procedían a la primera tarea de “ablande”, trasladaban a los prisioneros a dos campos de concentración: la Escuelita de Famaillá y la Jefatura de Policía. Bussi, en la segunda etapa, inaugurada tras el golpe del 24 de marzo de 1976, clandestinizó aún más la represión. A la criminalidad pública de Vilas, que arrojó personas desde helicópteros y depositó cadáveres hasta en la Plaza Independencia de la capital tucumana, Bussi la reemplazó por una acción menos visible, aunque igualmente criminal. Aumentó los grupos operativos y tras cerrar la Escuelita de Famaillá y trasladar ese campo al ex ingenio Nueva Baviera, abrió otros centros de concentración y exterminio. En esos campos cumplían su macabra tarea los IPG (Interrogadores de Prisioneros de Guerra). Eran militares, efectivos de las fuerzas de seguridad y civiles, con un denominador común: todos eran de Inteligencia y la mayoría había sido instruida en las escuelas yanquis de Panamá y Estados Unidos. Como lo confirmó esta semana El Tuerto Albornoz, rotaban cada 45 días e iban a Tucumán desde Córdoba y Buenos Aires. Los supervisores militares de los campos duraron períodos muchos más extensos. Si se tuviera la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de la verdad y se revisaran expedientes y legajos, podría conocerse la identidad de todos los torturadores y asesinos, deuda hasta ahora incumplida por la Justicia
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